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Los efectos de la pandemia provocada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han percibido en todos los ámbitos ―sociales y económicos― y no tienen precedentes. Sin embargo, como en muchos casos, las consecuencias tanto de las medidas impuestas y la crisis provocada han afectado de manera más severa a ciertos grupos y, sin duda, a los más vulnerables.
La educación no ha sido la excepción. La necesidad de los cierres temporales de las clases presenciales en las diversas instituciones educativas, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar sus efectos, no sólo ha interrumpido el proceso educativo de los estudiantes, el cual, además de significar un rezago en el aprendizaje, también implica un aumento de la deserción escolar; lo que se traduce en mayor dificultad o imposibilidad de la prestación de otros servicios esenciales como el acceso a la alimentación escolar, la salud y el apoyo psicosocial para los estudiantes de menores ingresos.
De manera indirecta, también repercuten en la capacidad de los padres y madres de trabajar, aumentan los riesgos de violencia familiar y, en general, estos cierres totales o parciales de los centros educativos se traducen en mayor desigualdad.
En Costa Rica, como en el resto del mundo, cuanto más bajo es el nivel socioeconómico de las familias, mayor es la exclusión educativa. Las dificultades que enfrentan para acceder a los medios tecnológicos para recibir educación virtual, las limitaciones en infraestructura tecnológica de muchas instituciones, la capacitación de los docentes y la capacidad de adaptar los modelos educativos en muchos centros educativos están aumentando las brechas sociales y económicas.
La educación es la base fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. Además, es uno de los factores claves para el aumento de la competitividad y la productividad de los países y, por ende, de la consecución de un mayor crecimiento económico, mayores niveles de ingreso, menores tasas de pobreza y mayor bienestar para las personas.
Más de un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, el panorama sigue siendo incierto y a pesar de que se haya regresado en muchos casos a escenarios presenciales, es muy probable que algunos cambios en la educación persistan. Por lo tanto, resulta fundamental ajustar los modelos educativos y fortalecer las estrategias de acceso a la tecnología de manera que se logre reducir el impacto negativo en los grupos más vulnerables cuanto antes y se puedan, por el contrario, aprovechar los beneficios que pueden ofrecer las circunstancias, como la posibilidad del aumento de la oferta educativa y la flexibilidad.
Incluso, en este momento, nadie cuestiona que nos encontramos en el peor momento de la pandemia (superando la capacidad hospitalaria) y que una condición deseable para mantener las escuelas abiertas es la contención de la transmisión del virus. Sin embargo, deben sopesarse no solo los posibles beneficios, sino también, las repercusiones de los cierres, los cuales finalmente tienen consecuencias aun más severas en los hogares más necesitados.
Por otro lado, deben tomarse en consideración investigaciones, como la expuesta por el señor Luis Rosero en La Nación en días pasados, cuyos resultados sugieren que no hay evidencia de que la apertura de escuelas haya acelerado el crecimiento de la curva epidémica o de hospitalizaciones, mientras que sí hay evidencia de los graves daños que el cierre de escuelas produce en el aprendizaje y la salud mental y física de los niños, en deserción escolar, en repercusiones a largo plazo y en inequidad.
En el caso de Costa Rica, a pesar de que históricamente la cobertura y el gasto destinando a la educación han sido fortalezas, tenemos una brecha significativa en los resultados en cuanto a la calidad con respecto a los países de OCDE, por ejemplo. Además, las disparidades ya existentes en quienes estudian en los centros educativos públicos y quienes asisten a centros privados (quienes son la minoría) se han profundizado.
En este sentido, resulta imperativo prevenir que los efectos de la crisis se materialicen en una crisis generacional y para ello, adaptar el modelo educativo, aumentar la cobertura tecnológica, capacitar a los docentes, proveer a los estudiantes de los dispositivos tecnológicos y el internet para acceder nuevas formas de educación debe ser una prioridad absoluta del gobierno.
Según el Banco Mundial, las graves consecuencias, y en especial, los impactos a largo plazo, no son inevitables. No se discuto que en el corto plazo, los costos en educación y prácticamente en todas las áreas serán significativos.
Sin embargo, considera que una reacción oportuna, planificación y las políticas correctas, pueden más bien crear sistemas educativos más inclusivos, eficientes y resilientes. Concretamente menciona tres etapas que se sobrepone: enfrentar la pandemia, gestionar la continuidad, y mejorar y acelerar el aprendizaje.
Las crisis nos enfrentan a momentos decisivos y como país tenemos la oportunidad de repensar y reconstruirnos mejor. Se pueden implementar estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación, la pedagogía, la tecnología el financiamiento e incluso la participación de los padres en el largo plazo.
Reformar el modelo educativo de manera que se pueda garantizar a todos los jóvenes la oportunidad de desarrollar los conocimientos, competencias y valores que les permitirán contribuir a construir una sociedad mas equitativa y resiliente.
