La declaratoria de inviabilidad de Financiera Desyfin S.A. no fue una decisión súbita.
Según la información oficial que fundamenta el caso, su situación crítica fue el resultado de una serie de eventos financieros y de gobierno corporativo concretos, cuyas cifras con corte al 31 de agosto de 2024 expusieron una realidad financiera cuestionable.
El punto de partida del colapso fue la aplicación de ajustes contables por un monto de ₡17.015 millones. Los registros oficiales detallan que esta cifra proviene de la suma de factores como estimaciones crediticias, reversión de gastos registrados como activos, pérdidas por venta de bienes, sobrevaloración de activos y provisiones de pago de impuestos.
Este sinceramiento contable masivo expuso la verdadera magnitud del problema: la financiera acumulaba pérdidas por ₡21.968 millones. El impacto de esta cifra fue directo a su capital, provocando la pérdida total de su patrimonio y, más aún, generando un faltante de ₡6.704 millones. En términos prácticos, la entidad ya no contaba con capital propio para respaldar sus operaciones.
Esta insolvencia se vio reflejada en el principal indicador de salud financiera. La suficiencia patrimonial de Desyfin se desplomó, pasando de un 10,3% en julio de 2024 a un -10,7% en agosto de 2024. Este último dato la colocaba por debajo del mínimo requerido por la regulación, confirmando que la entidad no podía continuar operando de forma autónoma.
Con las cifras en rojo, la última vía para una posible recuperación dependía de sus accionistas. Sin embargo, el informe confirma un último factor determinante: la no aprobación de un plan de regularización. Dicho plan, que contemplaba una inyección de capital, el fortalecimiento de la liquidez y cambios en el gobierno corporativo, no recibió el visto bueno, bloqueando cualquier opción de rescate interno.
La confirmación de estos hechos es lo que obligó a las autoridades del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a declarar la inviabilidad y activar el proceso de resolución que este 13 de junio de 2025 se encuentra en la fase de devolución de fondos a los ahorrantes.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero apoyado con herramientas de inteligencia artificial.