Injerencia política en la directiva del Banco Nacional: ¿cuáles son los riesgos?

“Es una decisión que el pueblo de Costa Rica va a recibir con sorpresa”, anticipó el mandatario luego de juramentar a los nuevos directivos, quienes prometieron observar y defender la Constitución Política.

En efecto, las reacciones llegaron casi de inmediato, en especial porque el BNCR es el banco más grande de Costa Rica y es una entidad de importancia sistémica; es decir, por su tamaño, complejidad y grado de interconexión, las dificultades que sufra esta entidad pueden transmitir perturbaciones al sistema financiero y dañar la economía real.

A abril del 2025 poseía un 25% de todos los activos del sistema bancario, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

La preocupación es mayor por el trasfondo de los mensajes del presidente Chaves hacia los nuevos directivos, al indicarles que “deberían saber que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada al poder político tradicional”, como consta en un video que fue divulgado por Casa Presidencial.

Tanto por el fondo como por la forma en la que se produjo el cambio en la Junta Directiva, varios analistas consultados por El Financiero consideran que la actuación del Poder Ejecutivo puede representar un retroceso en los esfuerzos que ha hecho Costa Rica para despolitizar el manejo de los bancos y mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas (EPE).

“Lo sucedido es una mala señal porque la gobernanza corporativa de las empresas de propiedad estatal es un factor clave para asegurar el cumplimiento de sus metas, tanto las metas comerciales como las de política pública. Dentro de las buenas prácticas de gobierno corporativo, se le da gran importancia al hecho de que estas entidades tengan consejos directivos que sean independientes del poder político, para evitar decisiones que puedan afectar su solvencia financiera y su sostenibilidad”, advirtió el economista José Luis Arce, exdirector del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

En 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) había señalado que el gobierno corporativo de las EPE era una de las principales prioridades de reforma, en el contexto del proceso de adhesión de Costa Rica a esa entidad. Posteriormente, en un informe de 2020, destacó que el país “progresó sustancialmente en el fortalecimiento de su marco institucional y legal” en esta materia. El país se convirtió en miembro de la organización un año después.

Las formas

La destitución de la Junta Directiva del BN fue un desenlace del procedimiento administrativo liderado por el vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general del banco.

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El mismo Brunner firmó la Resolución RES-PV-008-2025 del 28 de mayo, en la cual se ordena separar a los anteriores directivos de sus cargos, lo cual ha sido cuestionado porque el vicepresidente, en teoría, no tiene la facultad legal para destituir a la Junta Directiva.

“Si el acto fue dictado unilateralmente por el vicepresidente, incurrió en el delito de usurpación de funciones, porque la Constitución Política establece claramente que la competencia para nombrar y remover a los directores de las instituciones autónomas corresponde al Consejo de Gobierno”, apuntó el abogado Rubén Hernández Valle, doctor en Derecho Constitucional.

Añadió que, presuntamente, en este caso no se respetó el debido proceso, pues el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que el nombramiento de los directores no podrá ser revocado si no es con base en información de la Sugef. Si el Consejo de Gobierno se aparta de esta norma, los nombramientos que haga de nuevos directores son nulos, dice la legislación.

Sin embargo, la jerarca de la Sugef, Hazel Valverde, envió el 25 de marzo un oficio a Brunner elaborado por la División de Asesoría Jurídica de la Superintendencia (SGF-DAJ-0019-2025), bajo el asunto Alcance del Informe de la SUGEF sobre la Aplicación del Artículo 24 de la Ley 1644. En este se indica que “se ha identificado una interpretación errónea de dicha norma”.

“Si bien la SUGEF puede informar sobre irregularidades o incumplimientos en el marco de sus competencias, esto no limita las facultades del Consejo de Gobierno para actuar en su condición de máximo órgano, aun sin la existencia de un informe previo de dicha Superintendencia”, dice el oficio, que fue enviado a El Financiero por la oficina de prensa de dicha entidad tras solicitud de este medio.

Asimismo, el documento hace referencia a la resolución No. 2626-95 de la Sala Constitucional, la cual reafirmó que la facultad de nombrar, suspender o destituir a los directivos bancarios recae exclusivamente en el Consejo de Gobierno.

Por otro lado, según lo informó el diario La Nación el 3 de junio, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dio tres días hábiles a la Procuraduría General de la República (PGR), en su calidad de abogado del Estado, para referirse a la remoción de la Junta Directiva del BNCR. Esto, a raíz de una medida cautelar presentada por cuatro de los siete miembros removidos por el gobierno: José Bernal Alvarado, Ruth Belarmina Alfaro, Montserrat del Carmen Buján y Marcela Alpízar Chacón.

Los otros directivos destituidos son Marvin Arias Aguilar, José Manuel Arias y Rodolfo González Cuadra.

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“La remoción efectuada de la Junta Directiva del BNCR podría afectar la estabilidad del sistema financiero si se realizó sin cumplir los requerimientos legales establecidos para tales efectos, pues podría vulnerar la autonomía constitucional y legal del BNCR. En ese sentido, tal remoción podría constituir un acto nulo y conllevar consecuencias graves”, dijo Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.

Tras destituir a los anteriores directivos, el gobierno juramentó a la nueva Junta Directiva, que tuvo una baja seis días después: Alejandro Solórzano Mena renunció a su cargo por “motivos personales y deseando el mejor de los resultados para bien del banco y consecuentemente del país”. Solórzano está casado con Nidia Solano Brenes, quien fue nombrada por la administración Chaves Robles en el Banco Popular (BP), en 2022, como representante del Estado.

El fondo

Esta no es la primera vez que la actual Administración nombra la totalidad de directivos de una entidad financiera sistémica, en condiciones atípicas: ya en 2022 lo había hecho con el BP. La Junta Directiva puesta por el gobierno fue la que se encargó de elegir en 2023 a la nueva gerente general de esa entidad, Gina Carvajal.

El actual Consejo de Gobierno también removió anteriormente a directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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Si bien le corresponde al Consejo de Gobierno elegir a los directivos del BN —por tratarse de un banco estatal—, habitualmente no es una sola administración la que elige todos los puestos, ya que los vencimientos son escalonados. De esta forma, se promueve que la junta esté conformada por una combinación de fichas de la actual administración y de la antecesora.

Contra lo recomendado, el gobierno de Chaves tomó el control absoluto de la Junta Directiva, al reemplazar a todos los miembros de ese órgano por un nuevo grupo de directores.

“A la junta directiva le corresponde la definición de políticas y estrategias empresariales generales, pero no las decisiones específicas sobre el otorgamiento de créditos. También tiene una función de control, lo cual implica asegurarse de que la alta gerencia dé resultados. Por eso es importante que exista una adecuada separación entre los ámbitos de la directiva y la alta gerencia, para evitar conflictos de intereses”, explicó Arce.

Desde la perspectiva de los analistas, el mensaje del presidente con relación a supuestas negociaciones, destacando que se trataba de “una empresa absolutamente conectada al poder político tradicional”, podría interpretarse como una intención de influir en las decisiones con base en criterios políticos.

“Aunque las Juntas Directivas no aprueban directamente los créditos, sí tienen la facultad de dictar políticas crediticias, lo que influye directamente en los criterios para otorgar préstamos. Si estas políticas se dictan bajo presión o con criterios más políticos que técnicos, se podría correr el riesgo de otorgar créditos sin respaldo técnico ni financiero, aumentar la morosidad, entre otras consecuencias”, dijo Ortiz.

Tal como lo destacó el economista Ronulfo Jiménez, hace algunas décadas era común que se utilizaran los puestos de juntas directivas y las altas gerencias de los bancos para tomar control de las instituciones o pagar favores políticos.

“Existía una clara intromisión política de parte del Poder Ejecutivo que se manifestaba de dos maneras. Por un lado, las juntas directivas estaban conformadas por personas que no tenían capacidad para manejar temas bancarios porque se nombraban con criterio político; además, otorgaban préstamos con ese mismo criterio, de modo que era necesario ser amigo del gobierno para tener acceso al crédito, sin importar la solvencia de los clientes. Esto provocó grandes problemas de morosidad en la cartera de los bancos”, afirmó Jiménez.

Según dijo, las debilidades en materia de gobierno corporativo se pusieron de manifiesto con el colapso del Banco de Crédito Agrícola de Cartago y el Banco Anglo Costarricense, que fue cerrado en 1994.

Justo después de eso, se introdujeron reformas a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, con el fin de fortalecer la gobernanza y despolitizar el manejo de los bancos. Para ello, se delimitaron funciones y se priorizaron los perfiles técnicos sobre los intereses políticos en los nombramientos de las juntas directivas.

“La reforma estableció que los bancos públicos no son para beneficiar a los amigos o castigar a los enemigos políticos, así los funcionarios bancarios ya no iban a ser sometidos a ninguna presión política. Por eso, lo que parece impropio ahora es que el presidente se exprese sobre la supuesta negociación de un crédito alegando razones políticas”, dijo Luis Liberman, economista y exbanquero privado.

Desde la perspectiva de Liberman, siendo el BNCR un banco sistémico y el más grande de Centroamérica, lo más preocupante es el impacto que esta situación pueda tener en la confianza de los clientes, en la credibilidad del sistema financiero y en la economía.

“Si le pasa algo al Banco Nacional, le pasa algo al sistema. Crear dudas sobre el manejo del banco no le sirve ni al mercado, ni a los acreedores, ni al país, ni a nadie”, advirtió.

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Ahora bien, los economistas señalan que el Poder Ejecutivo puede estar genuinamente preocupado por la calidad de la cartera de los bancos públicos. Sin embargo, es necesario evitar que los criterios políticos se conviertan en un instrumento para aprobar o desaprobar créditos, o bien, para influir en decisiones como la pauta publicitaria de la institución, la posibilidad de entrar a financiar campañas políticas o la elección de una gerencia afín al gobierno.

“Se supone que el Poder Ejecutivo nos representa a todos los ciudadanos como dueños de de las empresas públicas, pero hay espacios de mejora en la legislación para tener reglas más transparentes y evitar la injerencia por parte de gobiernos que quieran tener más poder sobre las instituciones. Y este es un gobierno que ha querido en todos los ámbitos ampliar sus fronteras de poder”, concluyó Jiménez.

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Este 5 de junio, la diputada Andrea Alvarez Marín presentó una moción de orden ante la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, para que se abra un expediente de investigación sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo en contra de la institucionalidad y autonomía del Banco Nacional.