EscucharEl Banco Nacional (BN), el intermediario financiero más grande de Costa Rica, vivió el 28 de mayo un suceso inusitado: la Administración Chaves Robles destituyó a todos los miembros de su Junta Directiva. El despido en masa levanta dudas sobre cuál es la relación que debería existir entre el Poder Ejecutivo y los bancos públicos, en especial porque no es la primera vez que la actual Administración, en condiciones atípicas, nombra la totalidad de directivos de una entidad financiera sistémica: ya lo había hecho con el Banco Popular (BP).
Motivos de la destitución
A través de un comunicado de prensa, Presidencia dijo que separó a los directivos de sus cargos por el “nombramiento ilegal” de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerenta general del BN.
En primera instancia, el Gobierno dijo poco sobre las razones que hicieron “ilegal” el nombramiento de Ulloa. El comunicado se limitó a describir el proceso de selección como “poco transparente y apurado”. En un posterior video enviado por Presidencia ese mismo 28 de mayo, Rodrigo Chaves dijo que el nombramiento fue “ofensivo”.
No obstante, el Acto final del procedimiento ordinario sancionatorio administrativo, liderado por el vicepresidente Stephan Brunner Neibig, señala con mayores detalles las supuestas causas. En dicho documento (RES-PV-008-2025) se enumeran, entre otros puntos, las siguientes sospechas:
- El concurso para el reclutamiento y selección del gerente general duró únicamente 9 días hábiles (14 días naturales) desde su apertura hasta la elección de la persona nombrada, cuando el cartel indicaba un proceso 30 días, según correos de la empresa reclutadora.
- Los miembros de la Junta Directiva omitieron aplicar entrevistas a los postulantes.
- El procedimiento para el reclutamiento y selección del Gerente General no cumplió con la totalidad de los pasos establecidos en el cartel de licitación
- El concurso no fue publicado en medios oficiales del Banco Nacional.
- Se comunicó a los finalistas sobre su exclusión del proceso de selección el mismo día de la elección de la nueva gerenta.
- Los miembros de la Junta Directiva omitieron valorar los atestados, capacidades e idoneidad de todos los candidatos finalistas en la terna.
Puede ver los motivos completos en el siguiente documento:
Control en dos bancos
Al ser un banco estatal, es responsabilidad del Consejo de Gobierno —que opera como asamblea de accionistas— elegir los siete directivos del BN. Sin embargo, habitualmente no es una sola administración la que elige todos los puestos, ya que los vencimientos son escalonados. De esta forma se promueve, en la medida de lo posible, que la junta esté conformada por una combinación de fichas de la actual administración y de la antecesora.
“Respetar esa regla garantizaba la experiencia de los que vienen del gobierno anterior. Eso usualmente pesa porque entonces renovás solo una parte de la junta directiva, no es que los siete miembros llegan a aprender de cero; eso ayuda. Cuando había la alternancia en el poder del bipartidismo era importante porque entonces había cierto control político, pero eso ahora importa menos porque las juntas directivas ya no aprueban créditos; es el área gerencial”, explica Bernardo Alfaro, exgerente del BN.
Con la destitución de la antigua junta, este Gobierno ahora controla la totalidad de nombramientos del banco más grande del país (ya sus reemplazos fueron anunciados). Esto adquiere mayor peso cuando a los nuevos directivos ya se les encargó una especie de misión: prestar atención al préstamo de un allegado a un rival político.
“Ustedes saben, o deberían saber, que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional; ahí les voy a dejar el caso; y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la Junta, pero es un tema muy delicado”, dijo Chaves en un vídeo difundido por Casa Presencial, el cual fue borrado minutos después de su publicación. No se especificó el nombre de la empresa.
El Banco Popular es otro caso de una entidad cuyos directivos fueron nombrados por el Ejecutivo en condiciones extraordinarias. El Gobierno tiene la potestad de elegir a tres miembros para la Junta de este banco, mientras que los cuatro puestos restantes son elegidos por la Asamblea de Trabajadores (ATT) en elecciones internas.
Sin embargo, la ATT lleva desde julio del 2022 sin representación porque sus candidatos no han sido reconocidos por Zapote. El ejecutivo justificó el rechazo en enero del año pasado debido a que “se encuentra en un proceso complejo y responsable de verificación de cumplimiento de los requisitos” de idoneidad de las personas elegidas por la ATT.
En cambio, el Gobierno emitió una serie de decretos para permitirse nombrar los puestos restantes. Primero lo hizo de forma temporal, por 15 meses, pero luego, en enero del 2024, se autorizó mantener los nombramientos por un tiempo indefinido, según consta en el decreto N.° 44331-MP-MTSS.
Lenín Hernández, expresidente de la ATT, calificó la decisión del ejecutivo como una “intervención maquillada”, en declaraciones dadas a este medio en enero del año pasado.
Esa Junta Directiva puesta por el Gobierno fue la que se encargó de elegir en 2023 a la nueva gerente general del Banco, Gina Carvajal. Carvajal ya había sido una ficha del ejecutivo: en 2022 la designaron como directiva de la junta del Banco de Costa Rica (BCR), donde fue presidenta antes de pasar al Popular.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recomendó en julio del año pasado la remoción de tres de los directivos puestos por el Gobierno en el BP debido a una falta de idoneidad, entre ellos al presidente de la junta, Jorge Eduardo Sánchez Sibaja. Esto le costó al banco caer en la categoría de “irregularidad 1”. Las destituciones nunca se dieron.
Incertidumbre
La medida Zapote es relevante porque se trata de cambiar radicalmente uno de los máximos órganos de control del banco, que a la vez podría generar incertidumbre por lo que se pueda decidir más adelante, ya sea en lo relacionado con la gerencia general —una designación “ilegal”, según el Gobierno— o en otros temas, como la solicitud de examinación de una supuesta solicitud de crédito de una empresa, como se aprecia en el video de Presidencia.
Para el exgerente del BCR, Carlos Fernández, a partir de este momento será importante lo que suceda con la gerencia general, no así con gestiones como los créditos, pues, en teoría, a la directiva no le corresponde aprobar o rechazar préstamos dado que esas suelen ser funciones de gerencias o de comités especiales.
Por otro lado, es posible inferir que se trató de algo planeado, puesto que para la tarde del 28 de mayo ya estaban prestos los nuevos integrantes de la junta. No obstante, el hecho de que el nuevo cuerpo directivo fue anunciado minutos después de la destitución es algo que pudo evitar mayores dudas, pues de esa manera el banco seguirá funcionando con toda su estructura.
Fernando Naranjo, exgerente del BN, y Luis Liberman, exbanquero privado, coincidieron en que la medida anunciada por el Ejecutivo es fuerte y constituye un elemento que podría afectar la confianza del banco, en especial por el tamaño que tiene: es una de las cuatro entidades sistémicas del país.
Alfaro mencionó que los comités de riesgo del banco deberían de estar ya reunidos para manejar los posibles riesgos reputacionales que aparezcan tras la noticia.
A abril del 2025, el BN poseía un 25% de todos los activos del sistema bancario y el BP un 14%.
Naranjo insistió en la importancia de la transparencia y que cualquier evento o supuesta anomalía que el Consejo de Gobierno o la Presidencia de la República hayan detectado sea llevado por las vías adecuadas.
Mayor vigilancia
Según publicó La Nación, la Sugef le confirmó al Gobierno que no necesita de un criterio técnico de la superintendencia para remover miembros de las juntas directivas de los bancos estatales. La oficina de prensa de la entidad supervisora le dijo a este medio que, por lo menos al 28 de mayo, no existía ningún informe sobre los directivos destituidos.
Rocío Aguilar, exjerarca de Sugef, mencionó que los supervisores tienden a prestar todavía más atención en sus labores de vigilancia cuando suceden cambios fuertes en las juntas directivas de las entidades sistémicas, como lo es el BN.
Alfaro, que también fue superintendente, secundó esta idea: “posiblemente si había 10 ojos de Sugef en el Banco, ahora va a haber 15”, dijo. Esto con el fin de que la salud del banco no se vea afectada por los cambios en la cúpula.
El BN anunció, por medio de un comunicado de tan solo tres párrafos, que seguirá operando “con absoluta normalidad”.
El uso de ese calificativo no deja de ser curioso cuando las formas en las que el Gobierno nombró a sus representantes, tanto en el Nacional como en el Popular, no son particularmente normales.
