Regulación planteada obligaría a conductores de Uber, Didi y otras plataformas a pagar renta, estar inscritos en la Caja y contar con pólizas de daños a terceros.
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A partir del 2015 se incrementó la cantidad de cancelaciones ante el Consejo de Transporte Público, justamente el mismo año en que llegó al país la primer aplicación de movilidad
En junio del 2020 la compañía había anunciado la supuesta contratación de 2.500 personas en los siguientes 12 meses