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Desde finales de abril, los trabajadores de la planta local de Chiquita, ubicada unos 600 kilómetros por carretera al noroeste de la capital panameña, fueron a paro en rechazo a una reforma de pensiones aprobada por el Congreso.

Un grupo de víctimas había demandado a la multinacional bananera por sus pagos a hombres armados que cometieron varios crímenes en regiones como el Urabá antioqueño y Córdoba.

Carta atribuida a la empresa circuló el 3 de marzo en redes sociales y señala el cierre del departamento de Operaciones portuarias.