Un nuevo proyecto de ley fue presentado el 10 de junio en la Asamblea Legislativa con el objetivo de establecer un marco jurídico para promover las construcciones sostenibles en Costa Rica.
El proyecto, tramitado bajo el expediente 25.040, fue propuesto por los diputados independientes María Marta Padilla, Cynthia Córdoba y Luis Diego Vargas.
Entre los recursos que servirían para impulsar una urbanización verde en el área pública y privada, se encuentran la agilización de trámites de permisos y licencias municipales, reducir el costo del impuesto de construcción y ofrecer la posibilidad de crear incentivos urbanísticos.
Además, propone fomentar el uso eficiente de recursos como agua, electricidad y combustibles; incentivar el empleo de materiales renovables y de bajo impacto ambiental, así como regular la gestión de residuos de construcción y demolición.
Certificado de Construcción Sostenible
Las obras que cumplan estándares verdes podrán acceder a un Certificado de Construcción Sostenible administrado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), quien se encargará de velar por los procesos.
Por eso, define una serie de ocho ejes esenciales que deberán cumplir las edificaciones para obtener ese título.
Cumplimiento legal: Garantiza que todos los proyectos respeten la legislación vigente aplicable a la construcción. Para asegurarlo, se verifica el cumplimiento de requisitos legales y técnicos mediante revisiones realizadas por las instituciones competentes, a través del Sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC).
Diseño integrado: Busca la colaboración temprana de todos los actores involucrados en el proyecto.
Diseño climático eficiente y confort: Promueve edificaciones diseñadas para la tranquilidad térmica de los usuarios. Para ello, se plantea utilizar estrategias pasivas de climatización e integrar sistemas activos de alta eficiencia.
Biodiversidad y entorno: Evalúa las estrategias que involucran criterios ambientales orientados a conservar, proteger y recuperar la biodiversidad en el entorno de las obras.
Agua: Analiza las acciones para el uso responsable del agua: la etapa de diseño, medición, reducción y control del consumo durante la construcción y operación.
Eficiencia energética: Incluye la planificación en el diseño y las acciones de medición, reducción y control del consumo energético.
Materiales: Valora las buenas prácticas en almacenamiento y selección de materiales, sobre todo el uso de insumos sostenibles y técnicas que maximicen la reutilización y estandarización.
Gestión de residuos: Evalúa el manejo adecuado de los residuos generados en la construcción mediante procesos de medición, reducción, reutilización, reciclaje y correcta disposición final.
Luis Diego Vargas, uno de los diputados proponentes, afirmó en entrevista con El Financiero que entidades como el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) mostraron interés en apoyar la iniciativa con productos financieros preferenciales, que podrían traducirse en modificaciones a las líneas crediticias para facilitar su adquisición.
Sin embargo, este es uno de los puntos que se encuentra en mesa de discusión, por lo que actualmente no es posible afirmar acciones concretas sobre esto.
Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) también estarían facultados a utilizar recursos existentes para seguir los objetivos de la propuesta.

Correcciones sustanciales en espera
Vargas aclaró que el proyecto aún necesita correcciones sustanciales pues, aunque el enfoque ambiental es positivo, la iniciativa se queda corta en otros pilares fundamentales de la sostenibilidad, como el componente social y el económico.
Entre sus principales observaciones destaca la necesidad de:
- Definir una estructura de gobernanza más robusta que especifique el papel de entidades como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Universidad Técnica Nacional (UTN) en la educación sobre el ambiente.
- Ampliar el alcance del proyecto más allá de las fases de diseño y construcción, para incluir aspectos como el mantenimiento y el análisis del ciclo de vida de las edificaciones.
- Incorporar medidas específicas que permitan el acceso a la construcción sostenible en sectores vulnerables, como viviendas sociales o territorios rurales y costeros, donde las soluciones deben adaptarse a realidades locales y económicas.
- Evitar la duplicidad de funciones, pues existen entidades como Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) que ya certifican procesos y materiales. Una doble certificación podría generar más burocracia y costos adicionales para los desarrolladores.
A la fecha, el proyecto se encuentra en etapas iniciales en la Asamblea debido a que se presentó hace menos de un mes, por lo cual deberá ser analizado en comisión, eventualmente modificado mediante mociones y votado en el Plenario. Hasta que no se haya cumplido ese proceso, se podrán hacer las modificaciones correspondientes.