EscucharLa edad de jubilación en Costa Rica pretende avanzar al mismo ritmo que la esperanza de vida. Si miramos cuatro décadas atrás, la longevidad logró extenderse por cinco años; ahora, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) propone que la edad de retiro también aumente un lustro.
¿Por qué? El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) enfrentará un debilitamiento a partir del 2035 ante la dificultad que representa cubrir los egresos del fondo con los ingresos por cotizaciones. Además, se proyecta que esta situación ocasione el agotamiento de la reserva en 2047.
Esos escenarios negativos para el régimen de pensiones quedaron plasmados en el último estudio actuarial que realizó la CCSS en 2022. Dichos resultados incentivaron la creación de la Propuesta para el equilibrio financiero y actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. La extensión de la edad de jubilación hasta los 70 años es parte de lo que propone el Comité de Vigilancia del IVM.
También se contemplan seis medidas más que ajustan el modo de financiamiento, contribución y pensión mínima, además de eliminar el retiro anticipado para las mujeres. Sin embargo, para este reportaje nos concentraremos principalmente en la extensión de la edad de retiro.
Medida polémica
Hacer que las personas trabajen más años —para sorpresa de nadie— no es una medida libre de polémica: causa resistencia tanto entre expertos del área económica como de la salud.
Édgar Robles, exsuperintendente de pensiones, y Alejandro Solórzano, exgerente general de la operadora de pensiones complementarias Vida Plena, aseguran que no es necesario aumentar la edad y sugieren una serie de reformas para evitar dicha medida.
Mientras tanto, el gerontólogo Hernán Suárez, sostiene que “jamás” será una buena idea realizar un alargue en la edad de jubilación porque a partir de los 65 años suelen aparecer enfermedades que ralentizan la productividad de las personas. No obstante, de acatarse la propuesta de la CCSS, recomendó que se adecuen los puestos de trabajo en el que se desarrolla el grupo etario.
Ajustar la edad de retiro se encuentra en un claroscuro que no tiene los mismos efectos para los distintos oficios y profesiones.
Siete décadas para jubilarse
Para jubilarse actualmente es necesario que los trabajadores alcancen las 300 cotizaciones con una edad de 65 años, ambas condiciones van de la mano. Pero si se logra extender el retiro hasta la sétima década entonces disminuye la cuota a 180 cotizaciones, según propone el Comité de Vigilancia del IVM.
El documento plantea que la cantidad de cuotas se reduzca a partir de los 66 años, edad en la que las personas se podrán pensionar con 275 cotizaciones. La disminución sería progresiva hasta llegar a los 70 años.
El factor de la edad cobra relevancia en una población que envejece de manera acelerada. Para poner este dato en perspectiva es necesario saber que en 1970 existían 30 cotizantes por cada jubilado, pero la proporción actual es de 6 cotizantes por pensionado.
Esa caída en la base productiva que sostiene los ingresos del régimen es parte de las causas que sumaron para que actualmente el régimen de IVM se encuentre en el segundo momento crítico de su historia, donde los ingresos corrientes resultan insuficientes para solventar los egresos. Por esta razón se hace uso de la reserva para cubrir pensiones.
A ese momento crítico le antecedió el uso de los intereses para cubrir los egresos, y le seguirá el agotamiento de la reserva estimada para el 2047, con un déficit de ¢2,3 billones.
“A partir del 2035, ante la necesidad de utilizar los intereses nuevamente, se va a provocar una desaceleración del crecimiento de la reserva y a su vez una menor cuantía en los ingresos por intereses, acompañado de la desaceleración de los ingresos por cuotas”, dice la reforma.
La desaceleración que se podría desencadenar en el 2035 sería la responsable de que 12 años después la reserva no dé abasto para cubrir las obligaciones con los jubilados.
En este problema financiero también tiene una cuota de participación el Estado que acumuló al cierre del 2022 un total de ¢479.399 millones en deuda con el seguro del IVM. El monto representa un 16,5% de la deuda total que tiene el Estado con la institución a nivel de seguro.
Contrapropuesta de expertos
Robles consideró que, con el aumento en la edad, muchas personas van a morir antes de obtener la pensión. Esta posición va de la mano con los datos de fallecimiento del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) del 2024: el 8,9% de las defunciones se concentraron entre los 60 y 65 años, pero fue de un 10,8% en el grupo etario de 65 y 70 años. El porcentaje aumenta si la estadística se fija entre las personas de 70 y 75 años: un 12,22% de los fallecimientos se registraron en ese rango de edad. Para el exsuperintendente de pensiones el ajuste en la edad no es el mejor camino para los trabajadores.
“La propuesta podría encaminarse a pensar en una pensión mínima universal para las personas. Es decir, que todas las personas mayores de 65 años tengan acceso a una pensión mínima, independientemente si cotizan o no; y que el IVM pague un adicional que vaya en proporción a lo que la gente ha cotizado”, planteó Robles, quien pone sobre la mesa la idea de que el subsidio sea cubierto por el Estado, porque la cantidad de jóvenes que laboran no es suficiente para sostenerlo.
No obstante, las deudas que acumula el Estado demuestran que no es posible en el corto plazo colaborar con el fortalecimiento de la estabilidad de las pensiones.
Entre las propuestas del Comité de Vigilancia se contempla que el aporte del Estado al seguro de pensiones pase de un 1,57% a un 0%, y que el aporte se traslade al seguro de salud.
Asimismo, el aporte del trabajador al régimen aumentaría en cuanto a pensiones y disminuiría en el seguro de salud.
Y en cuanto a las primas de contribución, se busca que se adelante el incremento proyectado para 2029, que consiste en que “el patrono y el trabajador aporten 0,5% adicional y un aumento en la cotización del trabajador en un 1%, dando como resultado una prima total de 13,16%”, según dicta la propuesta de la CCSS.
Solórzano se suma a la posición de Robles y afirma que la edad no es lo único que se debe trabajar para garantizar la pensión en el futuro.
El exgerente de Vida Plena afirmó que se pueden ejecutar ajustes en la tasa de contribución y la tasa de reemplazo para balancear los ingresos del IVM.
En las propuestas de la CCSS convergen esos factores que menciona Solórzano: en que la tasa de reemplazo ascienda en un 13,16%, nivelándola en una tasa del 40% para todas las personas que cotizan.
“El reemplazo promedio total que reciben los pensionados es de un 60%, es decir, 5,4 veces de lo que aportaron, cuando lo normal en un régimen equilibrado es que la relación tasa de reemplazo/aporte sea entre 3 y 3,5 veces”, se extrae del documento desarrollado por el Comité.
Trabajar a los 70 años
La caída en los nacimientos de las últimas décadas produce estrechez y debilitamiento en la base que sostiene las pensiones de la creciente población adulta mayor.
Ese desbalance en la tasa de natalidad se evidencia desde hace 40 años. Quienes tenían entre cero y 12 años en 1983 representaban el 32,8% de la población, pero en el 2023 solamente equivalen al 17% de los costarricenses, según el INEC.
En la otra cara de la moneda se encuentran las personas adultas mayores, que pasaron de tener un peso de 4,4% a 10,6% sobre la población entre 1983 y 2023.
La tendencia en el país, y el mundo, es que los grupos de edad superiores a los 36 años se haga cada vez más gruesos. Este indicador es el responsable de que se busque ampliar la edad de jubilación, con el fin de que continúe el ingreso de cuotas que sostenga las pensiones.
No obstante, una mayor esperanza de vida no está estrictamente vinculada con la calidad de vida. Hernán Suárez, gerontólogo en el Hospital CIMA, argumentó que extender la edad de jubilación no es aplicable para todos los trabajadores en esa etapa de la vejez.
“¡Jamás! No todas las personas tienen la capacidad para mantenerse trabajando entre los 65 y 70 años (...). El deterioro cognitivo empieza a manifestarse después de los 63 años”, dijo el médico.
Suárez comentó que, en caso de requerirse de manera obligatoria la extensión de la edad de jubilación, los puestos de trabajo deberán adaptarse a la transformación de salud que experimentan los colaboradores.
Lo anterior puede ejemplificarse con el oficio de panadería. Un panadero que es vulnerable a infartos debe evitar la exposición al calor, es decir, disminuir el contacto con los hornos en funcionamiento. En este caso, la empresa tiene que readecuar el puesto para el empleado.
Si bien los profesionales podrían tener menos implicaciones de cambios debido al teletrabajo, no están eximidos del deterioro de salud que eventualmente sucede con el paso de los años. Quienes tienen jornadas extensas frente al computador están expuestos a complicaciones en el túnel carpiano, lo cual impediría el desarrollo habitual de sus tareas diarias.
Asimismo, la última estimación de esperanza de vida del INEC en los hombres se trazó en 78,3 años, esto significa que gozarían de la pensión únicamente por 8 años en caso de que se extienda la edad de jubilación. Las mujeres, por otra parte, tendrían cerca de 13 años para disfrutar de la pensión, según la misma estimación y escenario.
Oportunidad para seguir trabajando
“Al vivir más años las personas requieren ser económicamente activas durante más tiempo y la única forma de generar eso es mediante el trabajo. Esto significa que tendríamos que trabajar más años para asegurar que las generaciones de otras edades puedan tener acceso a la pensión; además, muchas personas adultas mayores también requieren seguir trabajando”, explicó Andrea Dotta, coordinadora de Incidencia y Vigilancia de Derechos de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco).
Dotta coincide con Suárez en cuanto a la adaptación de los puestos de trabajo para recibir y mantener a los trabajadores que sobrepasan los 65 años. A la vez, resalta que esta población tiene derecho a seguir trabajando para cubrir sus necesidades, de lo contrario se podría estimular el empleo informal.
Datos del INEC, con corte al 2022, indican que un 88,1% de los adultos mayores que laboran se desempeñan bajo el empleo informal.
Un 19,9% del grupo etario mayor a 65 años se desarrolla en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Un 15,3% trabaja en comunicación y otros servicios, mientras que un 14,6% realiza actividades profesionales y administrativas de apoyo.
La posibilidad de que los patronos sostengan la permanencia de los colaboradores por cinco años más podría ayudar a emplear al 16,6% de personas mayores de 65 años que no cuentan con ningún tipo de ingreso monetario. También podría disminuir la cantidad del 3,1% de adultos mayores que no cuentan con seguro por parte de la CCSS, pero no es una garantía.
“Existen personas que superan los 70 años y pueden continuar con sus labores, pero las capacidades y energía sí disminuyen en comparación con los jóvenes que se encuentran en un rango de 25 años”, concluyó Suárez.
