EscucharLa relación entre el Gobierno costarricense y la empresa Globalvía, concesionaria de la ruta 27 entre San José y Caldera, se vuelve a crispar con dos acciones provenientes de cada lado.
El Gobierno, a través del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), pretende cobrar a la trasnacional un monto de ¢33.000 millones que corresponden a multas retroactivas del periodo del 2018 al 2023.
Esta medida se basa en un informe de auditoría interna de dicho Consejo, presentado en diciembre del 2024, que determinó una débil gestión para la imposición de las multas descritas en el contrato de concesión.
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Según el Gobierno, estas posibles multas corresponden a incumplimientos producto de la falta de un mantenimiento adecuado de la carretera. Entre estos se incluyen deslizamiento de materiales, obras de estabilización de rellenos, baches en la superficie de los pavimentos, hundimientos y problemas con las luminarias.
En un proceso paralelo, Globalvía presentó un proceso de arbitraje contra el Estado a raíz del puente construido sobre el hundimiento del kilómetro 44 de la ruta 27, inaugurado en octubre del 2023. La empresa pide el pago de los $18 millones que costó la obra, según publicó el medio digital Ameliarueda.com.
Tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves, como el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, manifestaron en ese momento que la construcción del puente era parte de las responsabilidades de la empresa como concesionaria de la carretera.
Ahora, mientras el CNC inicia el proceso para la imposición de multas, también alista la defensa de los argumentos para evitar el pago de los $18 millones.
¿Se pueden cobrar?
Para Alonso López, abogado especialista en contratación pública de Ecija Legal, la pretensión de cobrar ¢33.000 millones en concepto de multas podría ser viable jurídicamente, teniendo en cuenta algunas consideraciones.
El contrato de concesión contempla una garantía de explotación, equivalente al 5% del costo de operación y mantenimiento anual de los tramos que componen la ruta. Asimismo, el documento fija múltiples causales de sanción y montos específicos para diversas infracciones durante la fase de explotación, entre esas causas están los incumplimientos de conservación o estándares.
Una falencia es que en el contrato no se estipula un plazo específico sobre el cual las partes deban hacer sus reclamos válidos, por lo que hay que acudir a otras leyes.
López indicó que, por ejemplo, la Ley de Contratación Administrativa (7.494), hoy regulada por la Ley General de Contratación Pública (9.986), establecía que la Administración tenía cinco años para reclamar a su contratista la indemnización por daños y perjuicios originados en el cumplimiento de sus obligaciones.
“Desde esa óptica, pareciera que algunas de las 592 infracciones no podrían ser cobradas, si son más antiguas de cinco años. En cuanto a obra pública, si se trata de vicios ocultos, el plazo para reclamar responsabilidad al contratista es de 10 años. Si algunas de esas infracciones son por vicios ocultos, pareciera que podrían ser cobradas”, explicó el especialista.
No obstante, este proceso podría extenderse por varios meses o años. Luego del reclamo del Gobierno contra la empresa, se abre un procedimiento administrativo ordinario en el que Globalvía tendrá derecho a defenderse y aportar prueba de descargo.
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La duración total dependerá de la complejidad de las acusaciones, aunque la Ley General de la Administración Pública (6.227), que debe aplicarse en estos casos, procura que el trámite tarde solo unos pocos meses.
“La concesionaria tiene el derecho a que le sea instaurado un procedimiento administrativo para averiguar la verdad real de los hechos”, indicó López.
A pesar de reiteradas solicitudes, la empresa Globalvía evitó responder a las consultas de este medio.
La aplicación de multas por parte del Gobierno a contratistas es una medida que se da con cierta regularidad en la contratación pública.
Por ejemplo, recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) empezó procesos para aplicar multas por retrasos en obras de infraestructura como Circunvalación norte o los intercambios de Taras y La Lima.
Otro caso se dio en 2023, cuando el CNC impuso multas contra APM Terminals por presuntos incumplimientos generados entre abril y mayo del 2019.
Relación incómoda
Los roces entre los gobiernos y la empresa Globalvía no son nuevos, pero se han intensificado en la actual administración por diferentes temas como el viaducto sobre el hundimiento y otras cláusulas del contrato.
Un antecedente se dio en 2022, cuando, en medio del accidente de un bus que mantuvo cerrado el paso por Cambronero en la ruta 1, la ruta 27 tomó más relevancia para el traslado entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y el Pacífico.
En vista de que la ruta 27 recibió más vehículos durante ese periodo, también aumentaron las presas y salió a relucir la posible potestad del Estado para obligar a la empresa a levantar las agujas de los peajes cuando se daba un alto congestionamiento vial, un debate que duró solo unos días sin una conclusión clara.
Luis Amador, exjerarca del MOPT, había catalogado el contrato de concesión como “quisquilloso” y a la ruta 27 como “una frustración”.
El Gobierno de Rodrigo Chaves planteó rescindir dicho contrato, pero posteriormente descartó esa opción debido a las altas penalidades que implicaría.
En vez de ese esfuerzo, inició negociaciones con la empresa para concretar una futura ampliación de la vía que aún no ha dado frutos.
